Congreso Fantasma

• Mientras los líderes de las bancadas mayoritarias priorizan la afiliación partidista y el activismo electoral, el recinto legislativo se vacía, transformando la representación popular en una plataforma de promoción personal.
• Al amparo de un calendario de sesiones casi inexistente, un grupo de legisladores opta por el silencio parlamentario, manteniendo el cobro íntegro de sus dietas sin presentar iniciativas ni participar en el debate público.
• Esta parálisis legislativa ocurre en el momento más crítico para Quintana Roo, dejando temas urgentes como la crisis del sargazo, la emergencia sanitaria por dengue y la inflación sin soluciones legales ni fiscalización.

Redacción/Sol Quintana Roo

Chetumal.- Los diputados que están en campaña anticipada han abandonado el Congreso para dedicarse a la afiliación y promoción electoral; los que no aspiran a nada, también han optado por la inacción, porque lo más cómodo es no hacer nada. Este doble abandono —por acción y por omisión— revela una lógica política perversa: quienes buscan candidaturas prefieren usar la curul como trampolín, y quienes no tienen aspiraciones prefieren desaparecer para evitar críticas por su deficiente labor legislativa. En ambos casos, el resultado es el mismo: un Congreso improductivo, ausente y desconectado de las necesidades ciudadanas.

El Congreso de Quintana Roo institución que debería ser motor de debate y creación de leyes se ha convertido en un espacio vacío, las sesiones se reducen al mínimo, las iniciativas escasean y los compromisos con la ciudadanía se diluyen frente a intereses personales o partidistas.

Mientras tanto, los sueldos se siguen cobrando puntualmente, la ausencia de trabajo legislativo contrasta con la seguridad de los ingresos, lo que alimenta la percepción de un Congreso más preocupado por mantener privilegios que por cumplir con su mandato.

Actualmente en Quintana Roo, la XVIII Legislatura enfrenta un dilema que desnuda la fragilidad de la representación política, diputados que abandonan el Congreso para dedicarse al activismo partidista, dejando vacías sus curules y, con ellas, las expectativas de la ciudadanía.

Renán Sánchez Tajonar (PVEM) y Jorge Sanén Cervantes (Morena) han optado por centrar su energía en la afiliación partidista. Aunque esta práctica es legítima dentro de la dinámica política, el problema surge cuando se convierte en prioridad frente a las responsabilidades legislativas, la percepción pública es clara: fortalecer bases electorales no puede estar por encima de atender las necesidades inmediatas de la comunidad.

El calendario legislativo exhibe la magnitud del abandono: tras reiniciar actividades el 15 de febrero, los diputados se ausentaron por Semana Santa y, en mayo, trabajaron apenas un día en sesión doble. Este patrón de ausencias no es anecdótico, es estructural. La ciudadanía observa cómo la mayoría de los legisladores privilegia agendas externas, promoción personal y estrategias partidistas, mientras los retos urgentes del estado —inflación, crisis ambiental, salud pública— quedan relegados.

La falta de compromiso erosiona la legitimidad del Congreso local. Cada curul vacía simboliza un voto ciudadano ignorado, cada sesión desierta refleja una oportunidad perdida para legislar en beneficio de Quintana Roo. El descontento social no es casualidad: es la consecuencia directa de un Congreso que parece más interesado en la próxima elección que en el presente de sus representados.

La ciudadanía exige que los diputados regresen a su papel esencial, legislar, fiscalizar y representar, el Congreso no puede convertirse en una sala de espera mientras sus integrantes hacen campaña. La legitimidad democrática se construye con presencia, debate y resultados, no con ausencias justificadas en la militancia.

En tiempos donde Quintana Roo enfrenta crisis ambientales como el sargazo en Playa del Carmen y Mahahual, problemas de salud pública como el dengue y desafíos económicos que golpean a las familias, la ausencia legislativa es más que un descuido: es una traición al mandato popular.

Durante toda la semana, Renán Sánchez Tajonar, diputado del Partido Verde Ecologista, estuvo reunido con líderes partidistas, dedicando su tiempo completo a la afiliación y fortalecimiento de estructuras electorales. Este activismo político, aunque legítimo dentro de la dinámica partidista, se convierte en un problema cuando se realiza a costa de las responsabilidades legislativas.

Jorge Sanén Cervantes, presidente de la bancada de Morena en el Congreso de Quintana Roo, se apuntó para Benito Juárez (Cancún) y con ello dejó en segundo plano sus responsabilidades legislativas. El contraste es evidente: en el primer año se distinguió por presentar iniciativas y mantener un ritmo activo en el pleno, pero ahora su nivel ha caído de manera notoria.

El paso de Sanén Cervantes hacia la arena electoral refleja una tendencia preocupante: cuando los diputados convierten la curul en trampolín político, la representación ciudadana se convierte en moneda de cambio. La militancia y la búsqueda de candidaturas son legítimas, pero no pueden justificar el abandono de las tareas legislativas.

La ausencia de Sanén Cervantes en el debate legislativo se suma a la lista de diputados que han priorizado agendas externas sobre las necesidades de Quintana Roo. El resultado es un Congreso debilitado, con sesiones mínimas y productividad cuestionada, mientras los problemas del estado —inflación, crisis ambiental, salud pública— siguen esperando soluciones.

El Congreso del Estado apenas retomó actividades en febrero y, tras ausencias por Semana Santa, en mayo solo sesionó un día. En ese contexto, la presencia de Sánchez Tajonar en actos partidistas en lugar de en el pleno legislativo refuerza la percepción de que los diputados priorizan la construcción de poder electoral sobre la construcción de leyes.

Cada día fuera del Congreso es un recordatorio de que las prioridades de algunos legisladores no están alineadas con las necesidades de Quintana Roo, la ciudadanía observa cómo se privilegia la política de afiliación sobre la política pública, y cómo los compromisos con líderes partidistas pesan más que los compromisos con los votantes.

La lista de ausencias en la XVIII Legislatura de Quintana Roo no se limita a quienes se dedican al activismo político. Otros diputados, como Andrea del Rosario González Loria, Paola Elizabeth Moreno Córdoba, César Santiago Augusto Frías Canché, María Jimena Pamela Lasa Aguilar, Jennifer Paulina Rubio Tello y Lilia Inés Mis Martínez, han desaparecido del mapa legislativo. No presentan iniciativas, no participan en debates, no se les ve en el pleno, pero sí siguen cobrando puntualmente su sueldo.

El problema no es solo la ausencia física, sino la ausencia de resultados. Cada legislador que se esconde tras el silencio parlamentario representa un costo para el erario y una deuda con la ciudadanía. La política no puede reducirse a un salario sin trabajo, a un cargo sin compromiso.

La evidencia es contundente: tras reiniciar actividades en febrero, los diputados se ausentaron por Semana Santa y en mayo trabajaron apenas un día en sesión doble. En ese contexto, la inactividad de varios legisladores refuerza la percepción de un Congreso que funciona más como nómina que como poder legislativo.

La ausencia de los diputados de Quintana Roo no solo se refleja en las curules vacías y en la falta de iniciativas, también se evidencia en el incumplimiento de compromisos concretos. Uno de ellos es la reducción del presupuesto para el 2027, tal como se aprobó en el llamado plan B de la reforma electoral.

En Quintana Roo, se ha señalado que algunos diputados locales de la XVIII Legislatura han optado por ausentarse de su curul y dedicarse al activismo político, dejando de lado sus responsabilidades legislativas en el Congreso del estado, esto generó críticas por parte de ciudadanos y analistas, quienes consideran que estas acciones pueden distraer de las prioridades legislativas y afectar la productividad.

La mayoría de los legisladores priorizan actividades externas, como la promoción de agendas personales o partidistas, en lugar de enfocarse en la creación y revisión de leyes que beneficien a la población, este comportamiento ha alimentado el descontento público y ha puesto en duda la eficacia del Congreso local.

Este enfoque es percibido como una desviación de sus responsabilidades legislativas, ya que el Congreso del Estado enfrenta retos importantes que requieren atención prioritaria, aunque las están dejando en segundo término, porque están dedicados de tiempo completo a otras actividades.