CANDIDATOS DELINCUENTES

* La Asey entregó al Congreso del Estado de Yucatán una lista de nueve alcaldes involucrados en presuntos actos de corrupción en la cual hay faltantes por más de 223 millones de pesos.

*De los nueve alcaldes involucrados en los presuntos desvíos de recursos, seis son panistas. Lo más grave es que fueron postulados como diputados federales, estatales o buscarán su reelección.

*Los Ayuntamientos de Tinum, Celestún y Tizimín, todos panistas, son los que más daño patrimonial han ocasionado al estado. La Fiscalía ha recibido 89 denuncias por peculado, pero sólo cinco han llegado a un Juez.

Redacción/Sol Yucatán

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) presentó al Congreso del Estado una lista de nueve alcaldes, seis de ellos panistas, involucrados en presuntos actos de corrupción.

Los ediles en su cuenta pública del 2022 no pudieron justificar los recursos, cuyo monto supera los 223 millones de pesos, debido a que la Cuenta Pública del 2023 entra a estudio hasta finales del 2024, es decir, cuando los ediles ya hayan dejado su cargo.

No se descarta que en las próximas semanas se presenten denuncias penales por peculado ante la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, aunque también el gobierno en turno podría utilizar estas acusaciones para amarrar acuerdos políticos y para obligar a los alcaldes involucrados para alinearse en favor de Renán Barrera Concha.

Aunque, denunciar los presuntos actos de corrupción, no es sinónimo de justicia, debido a que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en lo que va de la administración de Vila Dosal se han interpuesto 89 denuncias por presunto peculado donde los acusados son precisamente servidores públicos.

Sin embargo, apenas cinco de estas carpetas de investigación han llegado a un juez de control, es decir, sólo se ha judicializado el 5.6 por ciento de las denuncias presentadas contra funcionarios públicos por peculado.

Lo más grave, es que no hay ninguna sentencia firme, por lo cual Yucatán es un paraíso para la corrupción e impunidad.

No hay que olvidar que el propio gobernador Mauricio Vila y su predecesor Rolando Zapata Bello fueron denunciados por presuntos actos de corrupción, sin embargo, no pasó nada y las investigaciones no prosperaron.

Al igual como lo está haciendo el actual gobernador Mauricio Vila Dosal, en el saqueo de las arcas estatales, los alcaldes de Yucatán literalmente están haciendo lo mismo con sus municipios, ocasionando un grave daño patrimonial a los habitantes de esas comunidades, muchos de ellos con graves problemas de pobreza y marginación.

Mientras los ediles se enriquecen a costa del erario, la pobreza, marginación, alcoholismo, drogadicción, prostitución y delincuencia, entre otros males sociales, se incrementan de manera alarmante en la entidad.

De acuerdo con el informe de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) que ha sido entregado al panista Erick Rihani, presidente de la Comisión de Cuenta Pública del poder legislativo y candidato del PAN a la alcaldía de Progreso, nueve municipios están incurriendo en grave daño patrimonial por un monto superior a los 223 millones de pesos.

Lo que llama la atención es que, de los nueve alcaldes involucrados en los presuntos desvíos de recursos, seis son panistas, es decir, del mismo partido del presidente de la Comisión de Cuenta Pública, del Coordinador de la Junta Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, y del gobernador Mauricio Vila Dosal, por lo cual difícilmente habrá consecuencias.

La que más daño ha generado al erario es la alcaldesa panista de Tinum, Alicia Aurora Góngora Mejía, quien no ha podido justificar la suma de 25 millones 592 mil 546 pesos.

La edil ha sido acusada por los propios pobladores de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, sin olvidar que la edil fue responsabilizada por la muerte de un hombre durante un concurso de comida organizado por el Ayuntamiento.

A pesar de las acusaciones de la Auditoria Superior del Estado, el Partido Acción Nacional la postuló como candidata a la alcaldía de Tinum para reelegirse.

Le sigue el alcalde panista de Celestún, José Asunción Ramírez Perera, con 21 millones 196 mil 50 pesos, quien también buscará su reelección.

En tercer lugar de los alcaldes más corruptos se encuentra el edil de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, con 20 millones 222 mil 698 pesos.

En cuarta posición se ubica el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, con un monto de 12 millones 276 mil 960 pesos. Hay que señalar que el edil motuleño recientemente fue expulsado del PRI por traición y se integró a Morena, donde logró posicionar como candidato a la alcaldía de ese municipio a su secretario municipal, Carlos Ortega Jiménez.

No hay que olvidar que Aguilar Arroyo está vinculado a proceso judicial por el desvío de recursos. Su proceso se encuentra en la etapa intermedia por lo cual pudiera llegar a juicio incluso antes de que deje el cargo como alcalde.

La alcaldesa de Conkal y presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) en Yucatán, incurrió en daño al erario por 5 millones 44 mil 384.46 pesos.

El alcalde de Ticul y presidente de la Asociación de Municipios por Yucatán (Ampyac), Rafael Montalvo Mata también incurrió en daño patrimonial por 2 millones 983 mil 568.68 pesos, pero el edil ha sido postulado a diputado local.

Asimismo, la instancia fiscalizadora dio a conocer que el alcalde de Teya, José Bernardo Rodríguez Arceo, cometió daño patrimonial por 1 millón 497 mil 886.04 pesos, y al edil priista de Dzilam González, Christian Ismael Carrillo Baeza, por un daño patrimonial de 2 millones 382 mil 010.97 pesos.

Con esa cifra, la afectación al erario en los municipios de Yucatán durante 2022 suma un total de 237 millones 323 mil 295.64 pesos, toda vez que el pasado 30 de junio la ASEY entregó al Congreso del Estado el primer informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del año 2022, aplicado a ocho ayuntamientos, y señaló que varios alcaldes incurrieron en daño patrimonial por 13 millones 663 mil 696.03 pesos.

De esta manera ya se revisó la Cuenta Pública a 64 Ayuntamientos con un daño patrimonial de 237 millones 295 mil 295 pesos, aún faltan 42 municipios por fiscalizarse.