Campo yucateco en cuarentena

• El Gobierno prioriza la foto mientras el ganado y los rancheros se hunden. La realidad en los potreros del oriente del estado es de emergencia nacional.
• La reciente degradación sanitaria impuesta por el Departamento de Agricultura de EU es la confirmación del abandono institucional que tiene a los ganaderos yucatecos con la soga al cuello.

Por Roger González Herrera

Mientras en los pasillos de palacio el discurso oficial presume una transformación del campo basada en la entrega de sacos de alimento y herramientas de mano, la realidad en los potreros del oriente del estado es de emergencia nacional. La reciente degradación sanitaria impuesta por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no es un error de trámite; es la confirmación del abandono institucional que tiene a los ganaderos yucatecos con la soga al cuello.

En municipios como Tizimín, Panabá y Sucilá, el corazón ganadero de la entidad, la noticia de la caída al Nivel IV, el más restrictivo para las exportaciones, cayó como un balde de agua fría. Para un pequeño productor, esto no se traduce en gráficas o niveles técnicos, sino en dinero que no llegará a la mesa de su familia.

A partir de abril de 2026, exportar un becerro será un calvario burocrático y económico. Estados Unidos ahora exige pruebas individuales y de hato mucho más rigurosas. El problema es que en el estado no hay personal, no hay presupuesto y, al parecer, no hay voluntad política para solucionar el fondo del asunto.

“De nada nos sirve que vengan a tomarnos la foto entregando un bulto de melaza si no hay médicos veterinarios suficientes para certificar que nuestros animales están limpios. El gobierno regala el anzuelo, pero deja que el río se seque”, comenta un productor de la zona oriente que prefirió el anonimato por temor a represalias en los programas estatales.

La crítica más severa recae en la incapacidad operativa. El informe internacional es letal: Yucatán no ha cumplido con las recomendaciones mínimas desde 2023. Pero lo más alarmante es el silencio ante la plaga del gusano barrenador.

Mientras las autoridades estatales mantienen un perfil bajo, los reportes en las comisarías indican que la plaga no solo está diezmando al hato ganadero, sino que ya representa un riesgo sanitario directo para la población local. La falta de control epidemiológico es, a estas alturas, una negligencia que rebasa lo económico y toca lo humano.

Las fallas que hoy exhiben a Yucatán ante el mundo son claras: irregularidades detectadas en el seguimiento de tuberculosis bovina, escaso control en la movilización de ganado entre estados vecinos y una estructura de salud animal desmantelada por la austeridad, dejando al estado sin gente capacitada para las investigaciones.

Para el sector ganadero, la estrategia del gobierno estatal ha sido errónea. Se ha priorizado la entrega directa de apoyos —que sirven para el alivio inmediato y la propaganda— por encima de la inversión en infraestructura sanitaria que permita cumplir con los estándares internacionales.

Hoy, el ganadero yucateco enfrenta una tormenta perfecta: costos disparados por las nuevas exigencias de pruebas, precios a la baja por la dificultad de exportar y plagas activas que amenazan la vida del animal y del humano.

La próxima revisión será en tres años, pero el daño económico ya está hecho. Mientras el gobierno estatal no asuma que la sanidad animal es un tema de seguridad y no un evento para colgarse medallas, los ranchos del oriente seguirán viendo cómo sus animales y su patrimonio se mueren en el corral. En Yucatán, el estatus sanitario ya no es un orgullo, es una herida abierta.