BERRINCHE DE 14 MDP

*Al año el Gobierno del Estado tiene que pagar más de 14 millones de pesos por pensión a magistrados que fueron “obligados” por el Gobernador a solicitar su retiro anticipado, cuyo pago será de manera vitalicia y es heredable a las parejas en caso de fallecimiento.

*No le importó el daño al erario y violar los derechos y la propia ley de Yucatán, con tal de colocar a amigos, esposas de amigos y a allegados, cuya función es cuidarle las espaldas cuando termine su mandato

*Nombró con la ayuda del Congreso del estado, dominado por gente del PAN, a magistrados quienes no contaban con la preparación necesaria y muchos incluso nunca han litigado

Redacción/Sol Yucatán

El gobernador, Mauricio Vila Dosal, en su afán de blindarse y colocar a amigos al frente de la justicia de Yucatán, le está ocasionado un grave daño patrimonial a los yucatecos.

Su famosa Reforma a la Ley del Poder Judicial, planeada por el actual magistrado Mauricio Tappan Silveira, quien la ideó cuando él estaba al frente de la Consejería Jurídica de Yucatán, le está costando mensualmente a los yucatecos la suma de 1 millón 191 828 pesos o lo que es lo mismo 14 millones 301 mil 936 pesos anuales, cuyo pago será de manera vitalicia, la cual es heredable a las parejas en caso de fallecimiento.

Sin embargo, a Vila Dosal, no le importó el daño al erario y violar los derechos y la propia ley de Yucatán, con tal de colocar a amigos, esposas de amigos y a allegados, cuya función es cuidarle las espaldas cuando termine su mandato al frente del Gobierno Estatal.

Como ha documentado Sol Yucatán, Vila Dosal, está involucrado en actos de corrupción, cobro de moches a empresas para la adjudicación de obra pública, cobro a Ayuntamientos para la asignación de presupuestos, así como encabezar la llamada mafia inmobiliaria de Yucatán.

Sin contar que ha sido el gobernador que más ha endeudado al estado en la historia de Yucatán, ya que debe a diferentes instituciones bancarias alrededor de 12 mil millones de pesos.

En el 2022, el Gobierno de Mauricio Vila, envió al Congreso del Estado, una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se afectaba a todos los trabajadores que laboraban en el Poder Judicial.

Entre las afectaciones se encontraban incrementar los años de servicio para acceder a la jubilación, que afectó a todos los trabajadores.

Las reformas contemplaban aumentar el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que pasará de 11 a 15 integrantes, lo que engrosaría aún más la nómina Judicial con la finalidad de meter a incondicionales.

Lo que generó más polémica y sacudió al Poder Judicial, fue la revocación de la pensión vitalicia a los magistrados.

La medida obligó a los magistrados a su retiro de manera anticipada y otros a jubilarse como fue el caso del entonces magistrado presidente Ricardo Ávila Heredia.

Sobre los retiros forzosos de los magistrados, el decreto estipula que quienes no hayan cumplido los quince años en el cargo, o que los cumplan dentro de los 45 días de la entrada en vigor las reformas, podrán solicitar al Pleno del Poder Judicial de Yucatán su retiro anticipado o retiro, accediendo al retiro vitalicio regulado en las disposiciones vigentes de la ley.

Los magistrados que tienen menos de 15 años y que no opten por el retiro anticipado seguirán en funciones por el término que le reste a su encargo, pero se sujetarán a los cambios dispuestos en esta propuesta del Ejecutivo estatal, es decir, contarían sólo con un año de pensión y no tres como está actualmente.

10 de los 11 magistrados se ampararon por la violación flagrante de sus derechos laborales, el asunto lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde luego de un largo estudio los ministros de justicia, les dieron la razón a los juristas yucatecos.

Se ordenó al Poder Judicial otorgarles una pensión del 100 por ciento de su sueldo actual a los magistrados de manera vitalicia, la cual sería heredable a sus parejas y aumentaría conforme a los incrementos salariales.

La resolución judicial significa un duro golpe al gobierno de Mauricio Vila, ya que además de la restitución de los derechos de los magistrados, tres de ellos decidieron regresar a sus funciones y con ello no les dejaron sus puestos a personas allegadas a Vila Dosal.

Además, conservaron sus derechos y su pensión vitalicia al cumplir 15 años de servicio, lo que no ocurrirá con los magistrados impuestos por Vila Dosal, quienes al cabo de sus 15 años no recibirán pensión alguna.

Aunque la principal finalidad de la modificación de la ley realizada por Mauricio Vila, era protegerse para manejar a su antojo al aparato de justicia de Yucatán, como actualmente sucede, aun cuando ya hubiera terminado su mandato ante posibles denuncias.

Por ello nombró con la ayuda del Congreso del estado, dominado por gente del PAN, a magistrados a modo, quienes no contaban con la preparación necesaria para ocupar esos cargos.

Un caso especial fue el de la magistrada Lizete Mimenza Herrera, quien un año antes de su designación estaba sin trabajo, nunca ha litigado, ya que toda su carrera la hizo en el Ayuntamiento dominado por panistas.

Mauricio Vila, la resucitó, debido a que durante cinco años estuvo en el exilio, sin trabajo hasta que se le colocó en la Fiscalía General del Estado y luego como magistrada.