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Asesor de la 4T protege una mafia
- Acusan a la directora del Cereso Femenil de Mérida, Edith García López, de crear una red de hostigamiento, corrupción y tráfico de drogas. Presume que nadie la puede correr, debido a las relaciones políticas de su esposo, el exconsejero electoral Jorge Vallejo Buenfil.
- La funcionaria capitaliza la influencia política de su esposo, quien es asesor del magistrado Hernán Vega Burgos y uno de los asesores del gobernador.
- El Cereso Femenil es el más caro de Yucatán y uno de los más costosos del país, tiene un costo promedio por cada interna de 781 mil 250 pesos al año.
Redacción/Sol Yucatán
En el Cereso femenil de Mérida opera una red de hostigamiento, protección y hasta de tráfico de drogas.
Muchas de estas acusaciones han derivado en procesos internos, cuyos resultados no se hacen públicos.
En el Centro de Readaptación Social Femenil de Mérida, se está registrando hostigamiento, corrupción, protección y tráfico de drogas.
De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, la cabeza es la propia directora del centro de reinserción social, Edith García López, quien se vale de la influencia política de su esposo.
Edith García se ostenta como licenciada en Derecho, sin embargo, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, por lo cual estaría usurpando funciones.
La funcionaria es esposa de Jorge Vallejo Buenfil, quien ha sido diputado y ha ocupado diferentes cargos dentro de los gobiernos del PRI a lo largo de los últimos 20 años.
Entre ellos, la dirección de ejecución, prevención y reinserción social.
En el 2024, como muchos otros priístas, chapulineó a la 4T, donde buscó acomodo como asesor del Gobierno Estatal y del magistrado Vega Burgos.
Vallejo Buenfil es cercano amigo del ex subsecretario de reinserción social y actual magistrado Hernán Vega Burgos y cercano al actual gobierno, donde colabora como asesor.
En la pasada elección del Poder Judicial, donde Vega Burgos contendió y ganó su magistratura, Vallejo Buenfil fue el coordinador de su campaña. La directora del Cereso ha creado una red de hostigamiento y cobro por protección.
De acuerdo con la investigación en la red, estarían directamente involucradas la jefa y subjefa de custodios, identificadas como Silvia Yazmín Tamayo Pool e Ingrid Dafne Barrera Alonzo, quienes son las encargadas de hostigamiento y persecución al personal.
Son las encargadas del cobro de “cuotas” para protección, además, a través del pago de una cuota, permiten el ingreso de objetos y visitas fuera del horario.
Los recursos son entregados a Edith García, es decir, la propia directora operaría una red mafiosa que no solo cobra por protección, sino que también permite el ingreso de sustancias prohibidas, entre ellas drogas.
Por las relaciones políticas de su esposo, la directora asegura que está protegida por el subsecretario de reinserción social Miguel Ángel Trujillo Ortiz y antes por Hernán Vega Burgos, por lo cual ni el propio gobernador Joaquín Díaz Mena se atrevería a correrla.
Asimismo, es señalada por desviar recursos del Cereso para beneficio propio, debido a que la nutrióloga del lugar diseñó una dieta especial para la directora y sus padres, cuyos alimentos se envían todos los días en un vehículo oficial.
El año pasado, el Cereso femenil acumuló al menos 23 quejas ante organismos de derechos humanos y al menos ocho procesos internos por abuso de poder al interior del penal femenil de Mérida.
En ninguno de los casos se ha informado sobre el resultado de las investigaciones.
Lo que llama la atención es el hecho de que se realizan operativos de revisión sorpresa en los Centros de Reinserción Social de Mérida, el único Cereso que no es objeto de revisión es el femenil.
En febrero pasado hubo revisión en los Ceresos de Mérida, Valladolid y Tekax, de estos últimos dos centros penitenciarios, también se revisaron las unidades femeniles.
De acuerdo a las propias autoridades, se encontraron objetos prohibidos como celulares y hasta armas punzocortantes, pero lo que llama la atención es que el Cereso femenil de Mérida no fue objeto de revisión, lo que demuestra el grado de protección.
El penal femenil tiene una capacidad máxima de 172 internas, sin embargo, apenas tiene una población promedio de 32 mujeres privadas de su libertad, es decir, opera al 18.6% de su capacidad, sin embargo, son muy altos los costos de operación.
Para este 2026, tiene un presupuesto asignado de 25 millones de pesos, con lo cual son elevadamente altos los costos por cada interna.
Es decir, al Estado le cuesta en promedio 781 mil 250 pesos al año tener privada de su libertad a cada interna.
Es decir, un gasto promedio mensual de 65 mil 104 pesos al mes, similar al sueldo mensual de un subsecretario o regidor de Mérida y seis veces superior al salario mínimo vigente en Yucatán.
Además, significa 3 veces el costo promedio de cada interno que se encuentra privado de su libertad.
Con lo cual el Cereso Femenil de Mérida se posiciona como el centro penitenciario más caro de Yucatán y de los más costosos del país, con un costo de 781 mil 250 pesos en promedio al año y donde existe presunción de malos manejos de los recursos.