¿Alcalde o empresario?

• El alcalde de Progreso, Erik Rihani González, vinculado como socio y directivo de empresas con giros turísticos y de autotransporte radicadas en el propio municipio, con las que hace negocios.

• Documentos públicos, señalamientos y la falta de una rendición de cuentas clara alimentan la percepción de que los intereses privados pesan más que las necesidades ciudadanas en la agenda del Ayuntamiento.

• El alcalde panista no ha logrado separar de manera convincente su rol como servidor público de su papel como actor económico en el puerto.

Redacción/Sol Yucatán

El puerto de Progreso vive una contradicción que se repite en conversaciones de mercado, reuniones vecinales y redes sociales: mientras las necesidades básicas, calles en mal estado, servicios irregulares, tensiones laborales en el Ayuntamiento y reclamos por atención siguen acumulándose, el presidente municipal Erik José Rihani González aparece cada vez más asociado a un universo paralelo de intereses privados que orbitan alrededor del turismo y el transporte, justo los dos sectores que definen la economía local y, al mismo tiempo, el corazón de las decisiones públicas.

La narrativa no nace únicamente del rumor. Parte de documentos mercantiles de acceso público que muestran al alcalde vinculado como socio y directivo a empresas con giros turísticos y de autotransporte radicadas en el propio municipio. Parte también de una cobertura mediática local que, con mayor o menor rigor, ha ido colocando su nombre en el centro de señalamientos por presuntas prácticas internas y por un estilo de gobierno que, según esas notas, ha generado desgaste y descontento.

Y, parte, finalmente, de una percepción ciudadana que se ha ido consolidando con el paso de los meses: la sensación de que la agenda pública no corre a la misma velocidad que los negocios privados.

La existencia de empresas no es un delito ni un pecado político por sí mismo. En México, miles de funcionarios llegan a los cargos con trayectorias empresariales previas. El problema aparece cuando esas actividades se desarrollan en los mismos sectores que el funcionario debe regular, promover o vigilar, y cuando no hay una explicación pública clara sobre cómo se previenen los conflictos de interés.

En Progreso, el señalamiento es precisamente ese: que el alcalde panista no ha logrado separar de manera convincente su rol como servidor público de su papel como actor económico en el puerto.

Los documentos del Registro Público de Comercio consignan que Rihani González figura como socio en una sociedad con un objeto social amplio que incluye el desarrollo y la operación de proyectos turísticos, así como la prestación de servicios vinculados a ese sector.

En otra razón social aparece como socio mayoritario y gerente de una empresa dedicada al autotransporte de carga, fletes y acarreo, actividades que resultan estratégicas en un municipio portuario donde el movimiento de materiales, mercancías y obras públicas es cotidiano. La coincidencia no es menor: turismo y transporte son dos áreas donde el gobierno municipal tiene capacidad de decisión, influencia o al menos interlocución permanente.

En ese vacío informativo han prosperado los señalamientos. Medios locales han publicado notas que hablan de acusaciones de nepotismo y de un clima interno complicado en la administración municipal. Otras piezas periodísticas recogen inconformidades de habitantes y protestas públicas que obligaron al alcalde a salir a dar la cara, en un contexto de presión social que contrasta con la imagen de control y orden que se intenta proyectar desde los canales oficiales.

Son textos que utilizan el lenguaje de la denuncia y la presunción, y que no sustituyen a una resolución judicial o administrativa, pero que, acumulados, van construyendo un expediente reputacional difícil de ignorar.

La defensa institucional ha sido, hasta ahora, la habitual: comunicar acciones, anunciar operativos, subrayar logros y minimizar críticas. En redes sociales y comunicados se destacan labores de temporada alta, coordinación con otras instancias y mensajes de cercanía. Sin embargo, esa narrativa positiva choca con la experiencia cotidiana de muchos ciudadanos que no perciben mejoras sustanciales en servicios básicos o que consideran que sus reclamos avanzan con lentitud burocrática. El contraste alimenta la sospecha de prioridades invertidas.

El punto más delicado no es, paradójicamente, la existencia de las empresas, sino la falta de un ejercicio robusto de transparencia proactiva. En un contexto de alta sensibilidad por los conflictos de interés, habría sido esperable una declaración pública detallada sobre la situación patrimonial del alcalde, su participación accionaria, los mecanismos de separación operativa y, sobre todo, una política explícita de excusa o abstención en decisiones que pudieran rozar esos intereses. La ausencia de ese discurso abre la puerta a que cualquier obra, permiso o decisión sea leída bajo el lente de la sospecha.

En Progreso, donde el turismo y la logística portuaria no son sectores abstractos, sino la base de la economía familiar de miles de personas, la percepción de que el presidente municipal juega en ambos bandos, árbitro y jugador, resulta particularmente corrosiva. No se trata solo de legalidad, sino de confianza. Y la confianza, una vez erosionada, es difícil de reconstruir con boletines y fotografías.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial firme que declare culpable al alcalde de los señalamientos difundidos, ni sanciones oficiales que prueben actos de corrupción vinculados directamente a sus empresas. Ese dato es clave y debe decirse con claridad. Pero también es cierto que la política no se mueve únicamente en el terreno de las sentencias, sino en el de las percepciones y las responsabilidades éticas. En ese plano, Rihani González enfrenta un problema que él mismo no ha logrado disipar.

El debate de fondo es más amplio que un nombre propio. Progreso se ha convertido en un laboratorio donde se cruzan desarrollo turístico, intereses económicos y poder político. La pregunta que subyace es si el gobierno municipal está siendo conducido con una visión de servicio público o con una lógica empresarial que privilegia ciertos sectores y actores. Mientras esa pregunta siga sin una respuesta convincente, el señalamiento persistirá.

Hoy, la figura del alcalde aparece atrapada entre dos imágenes opuestas: la del funcionario que promete orden y crecimiento, y la del empresario que, según críticos y publicaciones locales, nunca dejó del todo sus intereses privados. Resolver esa tensión no depende de desmentidos aislados, sino de un ejercicio profundo de rendición de cuentas.

De lo contrario, la percepción de que Progreso se gobierna con un ojo en el palacio y otro en los negocios seguirá marcando la conversación pública, y el puerto continuará preguntándose si su principal autoridad está realmente enfocada en atender lo básico o en cuidar lo propio.