Abuso de poder en Telchac Puerto

• proyecto turístico, favorecer a otros ocupantes de la playa y permitir el decomiso de su mobiliario.

Redacción/Sol Yucatán

Telchac Puerto, Yucatán.- Un proyecto comunitario de conservación ambiental terminó en una disputa por el uso de la playa, con policías municipales, permisos federales y mobiliario decomisado. Integrantes del colectivo Sinergia X Telchac Puerto acusan al alcalde Edmundo Alfonso Núñez Herguera de obstaculizar sus actividades y de permitir que otras personas trabajen en la misma zona donde a ellos les impidieron operar.

El grupo, integrado por tres familias y vinculado a los colectivos U Pixan Chuk Kay y Telchac de Mangle y Mar A.C., asegura que desde hace tiempo realiza labores de limpieza y conservación de playas y manglares. Con el propósito de financiar un proyecto comunitario de servicios turísticos y ecosistémicos, decidió ofrecer camastros, sombrillas y mesas en un área de playa.

Según su testimonio, solicitaron al Ayuntamiento la anuencia para trabajar, pero el alcalde nunca respondió la petición. Tras operar durante un par de fines de semana, en el tercero llegó la Policía Municipal y los integrantes fueron convocados al Palacio Municipal. Ahí, afirman, el alcalde les indicó que necesitaban un permiso federal para continuar.

El colectivo inició entonces los trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, durante ese proceso detectó que otras personas ya ocupaban la misma zona y, de acuerdo con la denuncia, argumentaban contar con el aval del presidente municipal.

La situación se complicó el 3 de abril de 2026, cuando la Semarnat les otorgó un permiso transitorio por tres meses. Los integrantes acudieron a limpiar la playa e instalar su mobiliario, pero nuevamente llegaron policías y la directora de Ecología para exigirles el documento.

Aunque aseguran que lo presentaron, no les permitieron trabajar. De acuerdo con su versión, las autoridades municipales argumentaron que, por tratarse de un día inhábil, no podían llamar para verificar la autenticidad del permiso. El colectivo afirma que después enfrentó nuevos impedimentos hasta que venció la autorización.

Antes de que concluyera su vigencia, solicitó una prórroga, realizó el pago correspondiente y esperó la resolución. No obstante, la respuesta de la dependencia fue negativa. Según el colectivo, la explicación recibida fue que el alcalde había solicitado otro permiso para la misma área, situación que habría impedido extenderles la autorización.

Los denunciantes sostienen que la información de su trámite fue proporcionada al Ayuntamiento y utilizada en perjuicio de su proyecto. También reprochan que la Semarnat se deslinde de lo ocurrido y atribuya responsabilidades a un funcionario anterior, sin que hasta ahora hayan obtenido una solución.

La disputa ya llegó a Derechos Humanos. El colectivo asegura que presentó una queja y que un visitador acudió en dos ocasiones, pero el alcalde no lo ha recibido ni ha respondido, según la denuncia.

El episodio más reciente, señalan, terminó con el decomiso de su mobiliario por parte de la Policía Municipal, bienes que hasta el momento no les han devuelto.

Los integrantes aseguran contar con documentos, fotografías y videos de los desalojos, y solicitan una entrevista para exponer su versión. También exigen explicaciones sobre los criterios utilizados para impedirles trabajar mientras otras personas, afirman, sí ocupan el área.

El Ayuntamiento y la Semarnat deberán aclarar qué autorizaciones existen, quiénes pueden ocupar la zona y bajo qué criterios se actuó contra el colectivo. Por ahora, los señalamientos corresponden a la versión de los denunciantes y requieren la respuesta de las autoridades involucradas.