200 MDP SE CAE A PEDAZOS

*Un nuevo hilo de la corrupción en la administración de Rolando Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco sale a luz pública con la construcción del Centro de Justicia Oral de Mérida, que se está cayendo a pedazos

* Tuvo un presupuesto inicial de 140 millones de pesos, sin embargo, finalmente el costo del mismo fue de 160 millones, más otros 40 millones para su equipamiento, es decir, el edificio costó 200 millones de pesos

* Luis Hevia Jiménez, Marcos Celis Quintal y Gabriel Zapata Bello (hermano del gobernador de ese entonces), tuvieron injerencia directa y podrían ser responsables de los presuntos actos de corrupción

Un nuevo hilo de la corrupción en la administración de Rolando Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco sale a luz pública con la construcción del Centro de Justicia Oral de Mérida, conocido como CJOM.

El inmueble, relativamente nuevo, presenta serios daños de construcción, tiene cuarteaduras en algunos puntos, se filtra el agua y una parte del techo, construido con material frágil, se cayó.

El Centro de Justicia Oral, con la implementación del Nuevo Sistema Oral y Acusatorio, se comenzó a construir en el último año de la administración de Ivonne Ortega y se concluyó en el segundo año de gobierno de Rolando Zapata Bello.

Tuvo un presupuesto inicial de 140 millones de pesos, sin embargo, finalmente el costo del mismo fue de 160 millones, más otros 40 millones para su equipamiento.

Es decir, el edificio costó 200 millones de pesos.

Fue inaugurado con bombo y platillo el 29 de mayo del 2014 por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, es decir, apenas tiene 10 años de antigüedad y ya presenta fallas en su construcción.

Es decir, la millonaria obra tiene fallas en su construcción de origen, lo que se está haciendo evidente ahora con las lluvias.

Luis Hevia Jiménez, Marcos Celis Quintal y Gabriel Zapata Bello (hermano del gobernador de ese entonces), tuvieron injerencia directa y podrían ser responsables de los presuntos actos de corrupción, debido a que fueron los encargados de aprobar el presupuesto y de ver que se ejecute de manera correcta.

El que más responsabilidad habría tenido fue Gabriel Zapata Bello, al ser el directamente responsable de la implementación del Sistema de Justicia en Yucatán, su hermano lo designó como secretario técnico y por el cual cobraba un sueldo de 90 mil pesos, más que un diputado o magistrado de esa época.

Además, el gobierno le compró 100 mil ejemplares de su libro, que casualmente publicó durante la gestión de su hermano y que fue financiado por el propio gobierno.

Ahora los usuarios y personal que labora en el CJOM, es decir, el Centro de Justicia más grande de Yucatán, tienen que padecer los efectos de la mala construcción con el peligro de accidentes que conlleva.

Además, el consejo de la judicatura tiene asignado un presupuesto para reparar las deficiencias en la construcción, concretándose un daño patrimonial.

De acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, la misma situación estaría ocurriendo con los Centros de Justicia Oral que la misma empresa construyó en Umán, Tekax y Kanasín.

Por lo cual se estaría hablando de un presunto millonario desvío de recursos que se está evidenciando a una década de que estos inmuebles fueron construidos, y en el mismo año en el que Zapata Bello regresó a la vida pública al ser postulado como primera fórmula en el Senado.

Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco son los exgobernadores acusados de los mayores actos de corrupción, durante sus administraciones favorecieron a empresarios, amigos y familiares. 

Durante su administración, Rolando benefició a su hermano Gabriel, quien se dice fue el verdadero cerebro detrás del poder.

Sin embargo, también se le llamó el hermano incómodo, debido a los problemas en los que metió a lo largo de la administración a su hermano Rolando Rodrigo Zapata Bello.

De acuerdo con la declaración patrimonial de Gabriel, en poder de Sol Yucatán, aparece con al menos cinco propiedades con un valor comercial de más de 15 millones de pesos.

Una de las propiedades le fue vendida o adjudicada por la Cousey, hoy conocida como el Instituto de Vivienda de Yucatán (Ivey), la propiedad tiene cerca de 5 mil metros cuadrados y fue cedida de la reserva territorial del estado localizada en el Norte de Mérida, hoy la propiedad tiene un valor de al menos 10 millones de pesos.

Otra de las propiedades que aparecen en su declaración patrimonial es un terreno con construcción la cual le fue adquirida a la comercializadora Ronac S.A de C.V, la cual, durante la gestión de su hermano, tuvo varios contratos de construcción.

Gabriel, antes de que su hermano fuera gobernador se desempeñaba como director de la escuela de derecho de la Universidad Modelo, donde tenía un sueldo anual de 120 mil pesos, es decir, unos 10 mil pesos al mes.

Cuando su hermano asumió el cargo como gobernador, renunció a su cargo, debido a que, con la ayuda de Marco Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo iba a colocar como magistrado, sin embargo, tras el escándalo mediático se echó para atrás y lo colocó como secretario ejecutivo de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Yucatán, cargo que se sacó de la manga Rolando para acomodar a su hermano dentro de la administración penal.

 Le dio un sueldo de 92 mil pesos al mes, es decir, devengaba más que un diputado local, federal o magistrado del 2012 al 2018.

Además, le asignó un presupuesto a la secretaria que su hermano dirigía de más de 100 millones de pesos.

Una de las principales funciones de la secretaría a cargo de Gabriel era la de capacitación al personal involucrado en todo el sistema de justicia penal que recién entraba en Yucatán, una de las empresas que fue beneficiada con las capacitaciones fue Acespo S.C.P, la cual recién se había constituido y cuyo accionista precisamente era Gabriel Zapata Bello.

En el 2016, durante el cuarto año de gestión de Rolando, le otorgó a su hermano la medalla al mérito jurídico “Rafael Matos Escobedo”, el reconocimiento y el apoyo económico fueron entregados por el consejero Jurídico, Jorge Esquivel Millet, de acuerdo a los litigantes o colegios de abogados, el premio se le otorgó sin merecerlo.