17 Millones para limpiar la ATY

• La Agencia de Transporte compromete más de 17 millones de pesos en contratos de limpieza y vigilancia mientras persisten quejas por el deterioro de estaciones, oficinas e infraestructura y falta de mantenimiento.

• Las autoridades han reconocido que la operación del sistema requiere importantes subsidios públicos y que existen rutas e infraestructura cuyos costos de funcionamiento superan ampliamente los ingresos

• El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión implementados por la Agencia de Transporte para verificar que los servicios contratados se ejecuten conforme a lo pactado

Redacción/Sol Yucatán

Mientras el Gobierno de Yucatán reconoce los problemas financieros que enfrenta el sistema estatal de transporte y admite las dificultades para sostener la operación de proyectos como el IE-TRAM, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) comprometió más de 17 millones de pesos en contratos de vigilancia y limpieza para instalaciones que continúan siendo objeto de señalamientos públicos por abandono, deterioro y falta de mantenimiento.

La directora general de administración de la agencia de transporte de Yucatán, Georgina Aguilar Gamboa, adjudicó durante 2026 dos contratos derivados de la licitación consolidada SAF-SA-SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 01-2026. El primero fue otorgado a JAESA Profesionales en Servicios de Vigilancia y Limpieza, S.A. de C.V., por un monto máximo de 12 millones 960 mil pesos para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

El segundo benefició a Grupo Sylmer del Sureste, S.A. de C.V., con un monto máximo de 4 millones 200 mil pesos para labores de limpieza en oficinas, estaciones y centros de transferencia modal.

En conjunto, ambos contratos representan una bolsa potencial de 17 millones 160 mil pesos destinada a garantizar condiciones adecuadas de operación en instalaciones que, muchas de ellas lucen en ruinas, son utilizadas diariamente por miles de usuarios.

Sin embargo, el gasto contrasta con las denuncias que desde hace meses circulan en redes sociales y entre usuarios del sistema, quienes han documentado problemas de mantenimiento, suciedad, deterioro de espacios públicos e incluso una percepción de abandono en algunas áreas vinculadas al transporte estatal.

La situación resulta especialmente relevante porque el propio Gobierno del Estado ha advertido sobre las complicaciones financieras que enfrenta el modelo de movilidad heredado de la administración anterior.

Las autoridades han reconocido que la operación del sistema requiere importantes subsidios públicos y que existen rutas e infraestructura cuyos costos de funcionamiento superan ampliamente los ingresos obtenidos por la prestación del servicio.

En ese contexto, los contratos de vigilancia y limpieza adquieren una dimensión distinta. No se trata únicamente de servicios complementarios, sino de recursos públicos que deberían reflejarse de manera visible en la calidad de las instalaciones que utilizan los ciudadanos. La existencia de contratos multimillonarios para limpieza y seguridad debería traducirse en estaciones limpias, oficinas funcionales, espacios seguros y una infraestructura debidamente conservada.

La revisión de los antecedentes empresariales de las compañías beneficiadas también aporta elementos de interés. Grupo Sylmer del Sureste fue constituida como una empresa con un objeto social extraordinariamente amplio que le permite participar en actividades de seguridad privada, limpieza, suministros, construcción, equipamiento y diversos servicios especializados.

Por su parte, JAESA experimentó una transformación corporativa apenas semanas antes de obtener el contrato de vigilancia, con cambios en su estructura accionaria, administración y objeto social.

Aunque ambas empresas cuentan formalmente con facultades para prestar los servicios contratados, el debate público no se encuentra en la legalidad de las adjudicaciones, sino en los resultados que producen.

Si la Agencia de Transporte destina más de 17 millones de pesos a mantener limpias y seguras sus instalaciones, los usuarios esperan encontrar espacios en condiciones acordes con esa inversión.

La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa el panorama general del transporte público en Yucatán. Mientras las autoridades argumentan restricciones presupuestales y dificultades financieras para sostener la operación del sistema, continúan fluyendo recursos hacia contratos auxiliares cuya eficacia es fácilmente verificable por cualquier ciudadano que utilice diariamente las estaciones, terminales y oficinas del organismo.

El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión implementados por la Agencia de Transporte para verificar que los servicios contratados se ejecuten conforme a lo pactado. También obliga a revisar si las condiciones observadas en algunas instalaciones corresponden realmente al nivel de inversión comprometido por la dependencia.

En momentos en que el sistema de transporte enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad financiera y operativa, la atención pública no solo se concentra en autobuses, rutas o subsidios. También alcanza a los contratos que deberían garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura existente. Porque cuando millones de pesos son destinados a limpieza y vigilancia, los resultados tendrían que ser visibles para los ciudadanos mucho antes de aparecer en los documentos oficiales.

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