13 MDP PARA MUDANZA

Renán Barrera Concha pagó más de 13 millones de pesos por la habilitación de un edificio rentado para la nueva sede del DIF municipal. La empresa de las obras, Construcciones y Promotores del Sureste ha sido señalada por estar envuelta en anomalías.

• No cuenta con antecedentes de contratos ante la PNT, no aparece ni siquiera inscrita en alguno de los padrones de proveedores que por ley las dependencias de Gobierno deben tener, pero sí en el portal de proveedores de la Comuna meridana, aunque sin ningún pago registrado a su favor.
• No se aclara qué tipo de intervención se realiza en la ubicación rentada por el municipio de Mérida, ni el costo que tendrá este arrendamiento, únicamente queda claro que se invierte dinero público en propiedad privada.

Redacción / Sol Yucatán

YUCATÁN. – En negocio redondo resultará el próximo cambio de las oficinas del Sistema DIF Municipal, a cargo de la presidenta del Patronato, Diana Castillo Laviada, pues la nueva sede será en un edificio rentado del Centro Histórico, en el cual -pese a ser un predio particular- se están invirtiendo más de 13 millones de pesos de dinero público.

La esposa del alcalde Renán Barrera Concha confirmó la mudanza durante su segundo informe de actividades, realizado el pasado mes de septiembre.

Incluso el propio edil panista reiteró que la mudanza de las oficinas del DIF Municipal se realizará debido a que por muchos años este organismo operó en una casona antigua, con riesgos estructurales para los trabajadores y ciudadanía que acude a realizar trámites.

La ubicación actual es en la calle 64 entre 65 y 67, pero se tiene proyectado mudar la sede a otro inmueble en el mismo Centro Histórico que será rentado.

A la par del anuncio, desde el pasado mes de marzo ya se estaban realizando las obras de adecuación en la nueva ubicación, que pese a ser un inmueble particular se destinaron más de 13.3 millones de pesos a las obras, y de paso se benefició a constructores de dudosa reputación, como es el caso de la empresa Construcciones y Promotores del Sureste S.A. de C.V.

Con el contrato número OC23FPFCON6121036, el pasado 31 de marzo se entregaron 13 millones 384 mil 831 pesos a la empresa Construcciones y Promotores del Sureste S.A. de C.V., para “habilitación de edificio del DIF municipal” en la ubicación de calle 59 número 537 por 66 y 68, con un plazo de 63 días naturales, a partir del 3 de abril y hasta el 4 de junio del 2023.

Para estos trabajos, la empresa representada por Hyrvrán Jesús Martínez Zapata, personaje vinculado a otras proveedoras, recibió un anticipo de 4 millones 15 mil 449 pesos para los preparativos del sitio de obra, almacenes, bodegas e instalaciones, así como el traslado de maquinaria y equipo.

Sin embargo, el documento público no presenta los anexos, por lo que no se aclara qué tipo de intervención se realiza en la ubicación rentada por el municipio de Mérida, ni el costo que tendrá este arrendamiento, únicamente queda claro que se invierte dinero público en propiedad privada, y todo por el capricho de Renán Barrera y su esposa, la presidenta del DIF Diana Castillo Laviada, por cambiar de sede este organismo.

Además, resalta que detrás de la proveedora que realizó los trabajos, se encuentran empresarios de dudosa reputación, como es el caso de Hyrvrán Jesús Martínez Zapata.

Presunta fachada

La empresa Construcciones y Promotores del Sureste S.A. de C.V. ha sido señalada por estar envuelta en anomalías, ya que al indagar esta razón social en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el portal de pago a proveedores de la Comuna meridana y en el Registro Público de Comercio, resaltan inconsistencias en torno a la misma.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la empresa actualmente aparece como una sociedad mercantil “sin socios”, pero fue conformada por Rolando Mendoza Hijuelos, vicepresidente de la Coparmex Mérida; Hyrban Jesús Martínez Zapata y Jorge Rolando Campos Sosa, empresarios cuyos nombres aparecen relacionados a otras compañías

Registrada desde 2001 con sede en Mérida, “Construcciones y Promotores del Sureste” cuenta con nulos antecedentes de contratos ante la PNT, no aparece ni siquiera inscrita en alguno de los padrones de proveedores que por ley las dependencias de los tres órdenes de Gobierno deben tener, pero sí en el portal de proveedores de la Comuna meridana aunque sin ningún pago registrado a su favor.

Dichos personajes han sido beneficiados con otras obras millonarias en la entidad, pues sus nombres están vinculados a otras empresas como Constructora Proser y Grupo Emprendedor Proser, en donde tiene acciones Rolando Mendoza Hijuelos, vicepresidente de Coparmex, las cuales forman parte del grupo mercantil “Operaciones Autovía Libramiento Progreso S.A. de C.V.”, conformado por cinco diferentes razones sociales de tres grupos empresariales, que se hará cargo del proyecto de nuevo libramiento elevado en Progreso con costo superior a los 100 millones de pesos.

Asimismo, dos de los socios de “Construcciones y Promotores del Sureste”, empresa encargada de la habilitación del nuevo edificio del DIF Municipal, también cuentan con otra empresa, se trata de los accionistas Rolando Mendoza Hijuelos e Hyrvan Jesús Martínez Zapata, quienes también son socios en la empresa “ICON Peninsular S.A. de C.V.”, la cual ha recibido contratos del Ayuntamiento de Mérida, a cargo de Renán Barrera, por al menos 17 millones de pesos entre 2019 y 2021.

Cabe mencionar que dentro de estos implicados, Hyrván Martínez Zapata también fue ex integrante del Consejo Directivo de la JAPAY, y actualmente uno de los contratistas predilectos de Renán Barrera Concha.