100 MDP en seguridad y limpieza

• El actual gobierno de la 4T “heredó” los millonarios negocios del gobierno anterior, solo que, en lugar de jardinería y mantenimiento, lo cambió por la contratación de seguridad y limpieza.
• Empresas como Sylmer del Sureste, Selim o Jaesa han sido de las más beneficiadas en el actual gobierno con contratos por más de cien millones de pesos.
• El negocio se hace a través de la contratación de personal para servicios especializados con altos costos, en lugar de contratar de manera directa, es decir, a través del outsourcing.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Si durante el sexenio panista de Mauricio Vila Dosal el gran negocio gubernamental y municipal estuvo en los millonarios contratos de mantenimiento, jardinería y servicios generales presuntamente vinculados con una red de empresas fantasma, en el llamado gobierno del “Renacimiento Maya” la fórmula parece haber cambiado, pero no el objetivo: utilizar los servicios subrogados para canalizar millones de pesos del erario.

Hoy, el negocio ya no se encuentra en podar jardines o dar mantenimiento a edificios públicos, la nueva mina de oro son las empresas de seguridad privada y limpieza, varias de ellas de reciente creación, que han comenzado a multiplicar contratos por adjudicación directa en las principales dependencias del Gobierno del Estado.

Las similitudes en la operación de este tipo de negocios entre ambos gobiernos son evidentes. Lo que cambió fue el giro comercial.

El Gobierno del Estado no contrata directamente al personal que requiere para sus oficinas, sino que recurre a empresas privadas.

Documentos obtenidos por Sol Yucatán revelan que al menos nueve dependencias estatales han recurrido a este mecanismo para contratar servicios de vigilancia y limpieza.

Entre ellas destacan el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el Palacio de la Música, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Bienestar, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).

El problema no radica en la contratación de servicios especializados, una práctica permitida, sino en los montos que el Gobierno del Estado estaría pagando por cada trabajador proporcionado por estas empresas.

Fuentes consultadas por este medio señalan que algunos de los contratos contemplan pagos que superan en más del 50 por ciento las percepciones salariales de funcionarios estatales con responsabilidades administrativas dentro de las dependencias.

Varias empresas fueron constituidas poco tiempo antes de comenzar a obtener contratos gubernamentales, situación que ha sido observada en administraciones anteriores como uno de los mecanismos utilizados para favorecer a grupos empresariales específicos.

El esquema recuerda inevitablemente lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal, cuando empresas relacionadas con servicios generales concentraron millonarios contratos públicos durante prácticamente todo el sexenio.

Entonces, las acusaciones apuntaron hacia una presunta red de empresas vinculadas con personajes cercanos al poder político, entre ellos Mario Millet Encalada, cuyos nombres aparecen recurrentemente en diversas contrataciones gubernamentales y que hoy, Millet Encalada, es considerado como el operador del gobierno y que ha monopolizado la contratación de bienes y servicios.

Una de las empresas que está siendo beneficiada es la empresa “Jaesa Profesionales en Servicios de Vigilancia y Limpieza”, que comienza a levantar sospechas.

Tan solo en lo que va de 2026, el organismo le ha otorgado tres contratos (que se renuevan cada 90 días) mediante el mecanismo de invitación directa, según consta en la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en poder de Sol Yucatán.

El año pasado (2025), que significó el primer año del nuevo gobierno, esa empresa recibió un total de 24 contratos por adjudicación directa, como consta en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De acuerdo con la documentación oficial, el precio unitario por cada afanador asciende a 789 pesos diarios, es decir, 23 mil 400 pesos mensuales por trabajador, cantidad que supera el salario que perciben empleados administrativos del propio Palacio de la Música e incluso algunos funcionarios estatales de tercer nivel.

La empresa beneficiada con los contratos tiene su domicilio en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida, y de acuerdo con información pública, apenas el año pasado obtuvo su registro estatal y quedó legalmente constituida.

Es decir, se trata de una compañía prácticamente nueva que, en poco tiempo, comenzó a recibir contratos provenientes del erario.

Su rápido ascenso como proveedora gubernamental resulta cuando menos llamativo.

Otro aspecto que genera cuestionamientos es el objeto social de la empresa, especializada en servicios de vigilancia y limpieza.

Sin embargo, uno de los contratos otorgados por el Palacio de la Música corresponde a la renta de espacios de estacionamiento para empleados de la dependencia.

Otra de las empresas ampliamente beneficiadas en la contratación es la empresa “Sylmer del Sureste”, representada por Gersón Zaldivar Ojeda. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, entre el 1 de enero del 2025 y en lo que va del 2026, ha sido beneficiada con un total de 39 contratos con un monto superior a los 65 millones de pesos.

También figura la firma “Selim S.A. de C.V.”, representada por Luis Felipe Villanueva Zapata, quien de enero del 2025 a junio del 2026 ha recibido un total de 22 contratos por un monto superior a los 30 millones de pesos.

Entre ellos, el contrato SAF/SA/DL/S/09/2025 por la cantidad de 11 millones de pesos.

Lo que llama la atención es que ambas empresas fueron ampliamente beneficiadas en el sexenio anterior y que en su momento fueron ligadas a la red de Mario Millet Encalada.

Sylmer del sureste cerró el sexenio con un total de 113 contratos, mientras que Selim lo hizo con 48 convenios, todos por adjudicación directa.