RED DE TRÁFICO DE MENORES EN YUCATÁN

*Denuncian el tráfico oficial y tortura de menores en Yucatán. Involucrados el DIF Estatal, la Procuraduría del Menor y la familia y Casa “Otoch”, antes Caimede. Los niños de manera dolosas son retirados a sus padres para darlos en adopción a familias con recursos económicos 

*Actos ilícitos de sustracción de menores que terminar “vendidos con documentos” a familias de otros estados, como en el caso de la actriz Laura Flores, quien adoptó a dos niños en el estado

* En el Caimede se practica la tortura contra los menores. Cuando desobedecen alguna regla son encerrados en un cuarto, sin cama ni inodoro, duermen en el piso y hacen sus necesidades en el suelo y ellos lo tienen que limpiar.  

Dariana Quintal Narváez, activista y defensora de los derechos, acusó que desde la ex Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y ahora Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) persiste la trata de menores que provienen de zonas marginadas, pertenecientes de familias de escasos recursos y no pueden contratar a un abogado para poder recuperar a sus hijos.

Es decir, en Yucatán, existe una red de trafico de personas oficial, ya que esta es operada por funcionarios del propio gobierno, que deberían de proteger a la niñez en desamparo.

En el Caimede se practica la tortura contra los menores. Cuando desobedecen alguna regla son encerrados en un cuarto, sin cama ni inodoro, duermen en el piso y hacen sus necesidades en el suelo y ellos lo tienen que limpiar.  

La también activista indicó que utilizan violencia psicológica para amenazar a las familias vulnerables y con ello quitarle a los menores, para después vender a los niños a familias con recursos.

 La entrevistada, aseguró que al Gobierno de Mauricio Vila, lo que menos le interesa es la protección y los derechos de los infantes de Yucatán.

Ejemplificó que el 80 por ciento de los niños que, por desgracia para ellos, llegan a ese lugar cuentan con familia y son despojados de sus hogares.

El problema, dijo que ya documentó, es que los niños que llegan provienen de familias de escasos recursos donde por lo general los padres no saben leer y escribir y viven en lugares apartados, por lo que no tienen manera de pelear por ellos.

Es decir, desconocen sus derechos y tienen miedo de hablar y pelear por sus hijos con lo cual no denuncian este tipo de delitos. “Porque es un delito y un crimen lo que se hace al interior del Caimede, ahora casa “Otoch”, que debería proteger a la infancia”, aseguró la activista.

En los últimos años al menos 11 menores han desaparecido del Caimede y nunca se les ha localizado.

La abogada Dariana Quintal indicó que 11 familias han iniciado un proceso judicial para recuperar a sus hijos.

Sin embargo, dijo que la cifra es mucho más grande si se toma en cuenta de que no existe un registro público, sobre la cantidad de menores que son retirados a sus padres y qué es lo que ocurre con ellos.

La abogada Dariana aseguró que lo que ocurre en el Caimede, ahora casa “Otoch”, solo es la punta del Iceberg, debido a que en Yucatán hay albergues de niños de los cuales no hay registro de las actividades que hacen, ni la cantidad de niños que son apoyados y lo que ocurre con ellos 

Aseguró que a través del instituto del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY) antes llamada PROMEDEFA, se realizan actos ilícitos de sustracción de menores que terminar “vendidos con documentos” a familias de otros estados como en el caso de la actriz Laura Flores, quien adoptó a dos niños en el estado de Yucatán, el primero en el año 2008 y al segundo en el 2009.

La red de tratantes en el que estarían involucrada la titular de la Prodenay Teresa Anguas Zapata, el director del Caimede o casa “Otoch” Jorge  Marcelo Romero Hoyos, el Directora del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) Maria Teresa Boehm Calero.

El personal de la Procuraduría de la casa “Otoch” tiene un modus operandi bien definido, similar a como opera la delincuencia organizada, aunque en este caso, todo lo hacen aparentar de manera legal.

Inicia cuando presuntamente reciben una llamada telefónica denunciando un presunto abuso y maltrato familiar, lugar donde llega el DIF a realizar entrevistas e informarle a la familia que existe una denuncia y que deben mejorar sus condiciones de vida y de actitud hacia sus hijos,  luego el instituto si observa que la familia es vulnerable otorga el expediente a la PRODENNAY, quien es la que se encarga de informar a la familia que la denuncia ya está llevando un proceso legal de pérdida de la patria potestad, debido a los constantes abusos que sufre sus hijos o hijas a manos de ellos.

Está advertencia se hace mediante documentos que deben ser llevados y firmados por los acusados, sin embargo, por lo general, dicho documentos nunca llegan a manos de estas familias, por lo que las autoridades lo consideran como un desacato al no responder o presentarse a las entrevistas. Esto da hincapié que el Estado pueda solicitar un juicio para la perdida de la patria potestad y todo derecho legal de los padres hacia los menores. 

Luego de varios meses, en algunos casos, cerca del año y medio, con el apoyo de la Policía Estatal de Investigación (PEI), dónde nuevamente se ve involucrado la presencia del comandante Carlos Eduardo Flores Moo, se lleva a cabo un “levantón”, como el caso documentado en video, el pasado lunes 15 de julio del presente año, en una colonia de la ciudad de Valladolid, donde hombres a bordo de un auto detienen a una presunta menor de edad entre los 16 y 17 años de edad, video que se puede ver en el siguiente link https://www.facebook.com/share/v/ppNBjTZXi2YtuNZx/?mibextid=oFDknk.

Los agentes al llegar suben a la mujer y al menor y los trasladan a la PRODENNAY donde les informan sobre el avance de su proceso, dejándola incomunicada mientras el menor es retenido y privado de su libertad dentro de un cuarto adaptado bajo el cuidado de una Psicóloga, quien inicia los estudios Psicológicos correspondientes, quien en cuestión de horas, otorga un documento donde se expresa en texto escrito la declaración de los menores señalando ser víctimas de violencia familiar y abuso, información que se le hace llegar a la madre retenida, donde se le indica que para poder recuperar a su hijo o hija deberá iniciar un proceso con el apoyo de un abogado que el propio estado le puede otorgar si no cuenta con recurso, abogados que de igual manera terminan por perder el caso y otorgando la patria potestad al estado.

Este proceso tiene una duración que puede ir de los 6 meses a los 9 años, como el caso documentado de la joven Nati Luz Perez Lara, quien las autoridades le arrebataron a su hija cuando tenía 4 años, ahora tiene 13 años de edad.

Lo inquietante es que fue la propia ex procuradora de la PROMEDEFA, Yuliana Garrido Pacheco, que estando en servicio inició con este proceso de la perdida de la patria potestad y hoy es la defensora de la mujer a quien le otorgó a la niña, la cual no se sabe su paradero desde hace 6 años. 

Durante todo el tiempo que dure el proceso los menores ingresan al Centro de Atención Integral al menor en desamparo (CAIMEDE), donde presuntamente se les debe otorgar un ambiente familiar y de cuidados que van desde la alimentación, asistencia médica, psicológica, entre otras, sin embargo es todo lo contrario ya que se tiene un sinfín de reportes de abuso sexual, que van desde las palabras de acoso, toques lascivos hasta la violación, como el caso registrado el 17 de marzo del 2019, donde tres vigilantes fueron vinculados por violación, pero solo uno fue sentenciado por ese delito, mientras los otros dos solo por maltrato intrafamiliar, identificado por las autoridades con las siglas Y.C.F, J.C.C. y R.D.A.

De acuerdo con los informes, desde el 2015 al 2023, es decir, ocho años, en la Fiscalía se han interpuesto 43 denuncias por el delito de trata de menores, denuncias interpuestas por los mismos menores, aunque, la mayoría de estas permanecen en la congeladora, por la inmunidad o protección que les da el propio gobierno, primero de Rolando Zapata Bello y ahora de Mauricio Vila.

En el 2018, se interpusieron 5 denuncias, en el 2019, 11; 2020, 20; 2021, 5 y; 2022, 2.

La abogada, Dariana Quintal aseguró que por desgracia la Prodenay, que debería de velar por los derechos y salvaguardar la integridad de los menores en desamparo, es el “Centro de Operación de Tráfico de Menores de Manera Legal”, ya que todos los niños dados en “Venta” en carácter de adopción, reciben grandes cantidades de dinero, que se divide entre autoridades quienes participan en esta operación