MAGISTRADO DELINCUENTE

* Mario Castro Alcocer es uno de los principales operadores del gobernador Mauricio Vila en el negocio inmobiliario quien, junto con María Carolina Canto Valdés, le hacen el trabajo sucio al Gobernador en el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal

* El litigante fue impuesto por el propio Vila en el Poder Judicial, desde donde opera los despojos de tierras y encomienda procesos judiciales a jueces a modo, a pesar de que carrera judicial 

*En los gobiernos priístas de Ivonne Ortega y Rolando Zapata el magistrado, junto con Pablo Castro, exdelegado de la Procuraduría Agraria, se apoderaron de grandes extensiones de tierras de ejidos ubicados en el norte y poniente de Mérida. Tiene propiedades en Quintana Roo

El magistrado Mario Castro Alcocer forma parte de la mafia inmobiliaria de Yucatán, cuya cabeza presuntamente es el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Castro Alcocer juega un papel fundamental en la operación de esta red que se ha apoderado de manera ilegal de miles de hectáreas de tierras en Yucatán.

El litigante fue impuesto por el propio Vila Dosal en el Poder Judicial, luego de que con la ayuda de los diputados promovió y logró la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, que aún está en pleito, debido a que hay varios amparos.

En el 2022, Vila Dosal impuso a Castro Alcocer como magistrado de la sala Civil y Familiar, desde donde opera los despojos de tierras y encomienda procesos judiciales a jueces a modo.

Uno de los magistrados del Poder Judicial dijo a Sol Yucatán que en menos de dos años el litigante ha adquirido numerosas propiedades en el estado, en Quintana Roo, e incluso se rumora que tiene un departamento en Miami, en los Estados Unidos.

Todos los bienes acumulados, los cuales no tiene reportados en su declaración patrimonial, presuntamente fueron adquiridos con dinero sucio de la mafia inmobiliaria.

Antes de su designación era docente y escribano en un juzgado de lo familiar, por lo cual carece de carrera judicial y no debería de estar como magistrado.

Tampoco litigó, ya que, a pesar de haber sido un estudiante destacado, nunca se enfrentó a la vida laboral, ni llevó litigios, ni mucho menos juicios.

Sin embargo, su principal mérito es que era el asesor legal del gobernador Mauricio Vila Dosal, debido a que coincidió con él en la Universidad Marista, tras concretarse su victoria como gobernador, Castro Alcocer se convirtió en su asesor legal de cabecera, por lo cual era de toda su confianza.

Por ello lo impuso como magistrado, sin embargo, a cambio de ello le regresa los favores a través de litigios a favor del grupo inmobiliario.

Sin embargo, el cinismo del propio Vila Dosal no terminó con la imposición, debido a que lo colocó como presidente del Tribunal Superior de Justicia en sustitución del magistrado Ricardo Ávila Heredia.

La decisión causó repudio entre los litigantes, jueces y propios magistrados, debido a que carecía de toda preparación y méritos para ostentar la máxima figura de justicia en Yucatán.

Tras las duras críticas fue sustituido por María Carolina Canto Valdés, quien actualmente funge como presidenta.

El magistrado ha intervenido en polémicos casos y se dice que junto con María Carolina y Lizette Mimenza Herrera son quienes le hacen el trabajo sucio a Vila Dosal al interior del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Ha intervenido en polémicos casos como el litigio por la posesión de una hectárea de tierras en la colonia San Juan Bautista, Chuburná, donde ordenó el desalojo de 15 familias.

En el lugar, el grupo encabezado por Vila Dosal pretende construir un desarrollo vertical de departamentos de lujo, ya que está enclavado en el arco vial norte.

Durante el desalojo, los propios policías y actuarios aseguraron que eran órdenes directas de Mauricio Vila, quien llevó el litigio fue precisamente Castro Alcocer.

El terreno tiene un valor de 46 millones de pesos.

Otro de los casos donde Castro Alcocer está interviniendo es contra la empresa “Miguel Marrero properties S.A de C.V de R.L”, la cual se enfoca al ramo inmobiliario.

Junto con Claudia Patricia Pérez Monroy se quieren apropiar de 50 hectáreas de tierras localizadas en Hunucmá, cuya propiedad ahora tiene un valor de 30 millones, sin embargo, su valor incrementaría conforme transcurra el tiempo.

Según investigaciones de Sol Yucatán, el magistrado sería accionista en varias empresas del ramo inmobiliario, uno de los negocios que más han crecido durante el presente sexenio, aunque no se descarta que Vila Dosal pudiera estar detrás.

Sin embargo, durante los gobiernos priístas de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, junto con Pablo Castro, quien fue delegado de la Procuraduría Agraria, se apoderaron de cientos de hectáreas de tierras en los ejidos de Chablekal, Komchen, Temozón y Caucel, las cuales valen una fortuna por su ubicación.